En medio de una crisis ambiental con miles de hectáreas en llamas, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich declaró a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) como organización terrorista. Durante años, las autoridades han acumulado denuncias y evidencias de actividades ilícitas vinculadas a este grupo, lo que, en un contexto de alta presión política y social, ha llevado a adoptar medidas enérgicas. La resolución se fundamenta en dichos antecedentes y en la exigencia de la opinión pública de actuar frente a lo que se considera una amenaza seria y multifacética para la seguridad nacional.

La designación implica la activación de un marco normativo más riguroso, que autoriza medidas como el congelamiento de activos, el cierre de redes de financiamiento y el fortalecimiento de las investigaciones y operativos contra sus integrantes. De acuerdo con el Código Penal, la pertenencia a una organización terrorista podría conllevar penas de entre 5 y 20 años de prisión, sanción establecida exclusivamente por formar parte de una asociación destinada a intimidar a la sociedad y amenazar al Estado.

Más allá de los argumentos legales utilizados en la resolución para señalar a la RAM como un grupo terrorista, Bullrich fundamentó su decisión diciendo:  “La RAM consitituye un grupo etno-nacionalista que actúa con extrema violencia, cuyos activistas cometen delitos contra la propiedad, la seguridad pública, el medio ambiente, el orden público, las personas y la infraestructura crítica, infundiedno temor en las zonas territoriales donde actuan, con el objetivo de promover la lucha insurreccional contra el Estado argentino y la propiedad privada de la tierra”.

El impacto de esta medida se evaluará en función de los resultados operativos y legales, mientras se monitorea de cerca la evolución de las tensiones y debates a nivel nacional e internacional.