Desde el Tribunal de Trabajo para el Personal de Casas Particulares señalaron que una gran parte de los empleadores en Argentina «desconocen» el procedimiento necesario para formalizar la relación laboral con las trabajadoras domésticas. 

Un informe reciente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reveló que el 77 % de las trabajadoras domésticas en Argentina no tienen un registro formal en sus empleos. Este informe fue presentado en un evento organizado por la OIT en la Biblioteca Nacional, que contó con la participación de representantes de sindicatos como la Unión de Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP), el Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina (SACRA) y el Tribunal de Trabajo para el Personal de Casas Particulares. Durante el encuentro, se discutieron las principales causas de esta situación y las soluciones posibles.

Diana Edith García, directora del Tribunal de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, explicó que uno de los principales factores detrás de la falta de registro es el desconocimiento de los empleadores sobre cómo formalizar a sus trabajadoras. Señaló que en muchos casos, la relación entre empleador y empleado en el ámbito doméstico tiene un componente afectivo y familiar, lo que puede llevar a la omisión del registro laboral. García también indicó que este problema es particularmente relevante entre los empleadores de adultos mayores o personas con dificultades físicas, que no tienen la capacidad de gestionar el trámite de registro debido a su situación personal.

Además, García mencionó que una parte de la informalidad proviene de trabajadoras migrantes que, al llegar a Argentina, consideran el empleo doméstico como su primer trabajo mientras esperan obtener su residencia y documentación. En algunos casos, estas trabajadoras prefieren no ser registradas, debido a la situación difícil de la que provienen, como problemas legales o situaciones delictivas en sus países de origen.

A pesar de las dificultades, García destacó que en la clase media-alta y alta, los empleadores suelen registrar a sus trabajadoras, ya que cuentan con incentivos fiscales como el descuento en el impuesto a las ganancias. Por último, concluyó que, cuando se detecta una relación laboral no registrada, el Tribunal interviene, pero los fondos recaudados no van directamente al trabajador, lo que indica la necesidad de una reforma legislativa en este ámbito.