Durante la suspensión, el Municipio reforzará controles de tránsito con agentes municipales para garantizar la seguridad vial, mientras avanza en auditorías para clarificar el uso de fondos y responsabilidades en el sistema de fotomultas.
El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, decidió por decreto suspender por 180 días el sistema de fotomultas, luego de detectar graves inconsistencias en los convenios firmados en 2020 y 2022 entre la anterior gestión municipal y dos universidades públicas: la UNSO y la Universidad Nacional de General San Martín (UNSAM). Estos acuerdos tercerizaban funciones clave a empresas privadas.
Lanús busca garantizar que el sistema se ajuste a la normativa vigente y que su objetivo sea la reducción de la siniestralidad vial, no el mero fin recaudatorio ni, mucho menos, el beneficio de terceros. En simultáneo, el decreto intimó a ambas universidades a que, en un plazo de 15 días, respondan los pedidos de información para aclarar ambigüedades y contradicciones detectadas. Entre los puntos cuestionados están la falta de precisión sobre los roles de los terceros involucrados y el desconocimiento del marco jurídico aplicable al sistema.
El caso de la UNSO genera particular preocupación. Según datos oficiales, solo egresa el 10% de sus alumnos y su costo por estudiante es altísimo: casi $4 millones. En 2022, de los 1.913 estudiantes registrados, apenas 206 se graduaron. El presupuesto proyectado para 2024 fue de $2.900 millones, lo que representa un gasto de $3.790.849 por estudiante, una cifra que contrasta fuertemente con los magros resultados académicos.
“Lo curioso es que no tenía alumnos, pero ya tenía fotomultas”, remarcan quienes investigan el asunto. Las sospechas apuntan a que la universidad se convirtió en una “caja política” del possismo (la fuerza política del exintendente Gustavo Posse), que utilizó los convenios para operar el sistema de “detección automatizada de infracciones de tránsito”. Los contratos con la UNSO se firmaron el 1º de agosto y el 23 de septiembre de 2022.
Al asumir la nueva gestión en diciembre de 2023, se encontró un “sistema opaco y con inconsistencias”. Según la administración actual, no existía un listado completo de los equipos de fotomultas instalados en el municipio, no había procedimientos escritos, ni sistematización de la información, ni constancias documentales, reportes, actas de trabajo, expedientes ni documentación sobre la facturación del servicio. El reparto de fondos entre universidades y municipio era completamente arbitrario.
A esto se sumó la renuncia del funcionario encargado de la ejecución del sistema, Andrés Román Vásquez, que dejó la gestión y se fue a vivir a España. Según fuentes municipales, la información clave estaba solo en su memoria, y no quedó registro documental alguno.
La suspensión del sistema rige desde el 23 de abril. Durante estos seis meses, el Municipio desplegará operativos a cargo del cuerpo de Agentes de Tránsito, con controles fijos y móviles para garantizar el respeto a los límites de velocidad, los semáforos y los cruces peatonales, y así velar por la seguridad vial en San Isidro.
Voces del Conurbano 