El próximo martes 3 de junio, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Lomas de Zamora iniciará el juicio contra una mujer acusada de haber herido de muerte con un arma blanca a su pareja durante un episodio ocurrido en 2023, en la localidad de 9 de Abril, partido de Esteban Echeverría. La imputada sostiene que actuó en defensa propia frente a una agresión.

Este martes 3 de junio dará inicio el juicio oral a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Lomas de Zamora contra Benita, una mujer acusada de matar a su pareja en un hecho ocurrido en 2023, en la localidad de 9 de Abril, partido de Esteban Echeverría. La defensa sostiene que actuó en un contexto de violencia de género y en legítima defensa, luego de ser atacada estando embarazada y en presencia de su hijo menor.

La imputación que enfrenta es por «homicidio agravado por el vínculo», delito que contempla la pena de prisión perpetua. El proceso tendrá dos audiencias, previstas para el martes 5 y el jueves 7, y estará a cargo de la fiscal Leila Selem. El debate judicial coincide simbólicamente con los diez años del movimiento Ni Una Menos, que visibiliza la violencia machista en el país.

Según el relato de la defensa y de las organizaciones que acompañan el caso, Benita fue agredida brutalmente por su pareja, quien llegó alcoholizado al domicilio familiar. En un intento por protegerse a sí misma y a sus hijos, reaccionó con un cuchillo de cocina. Tras el hecho, trasladó al hombre a un centro de salud donde finalmente murió, y ella quedó detenida. Ya había denunciado situaciones previas de violencia y contaba con antecedentes de haber sido víctima de otros abusos.

Benita, actualmente con prisión domiciliaria, es madre de tres hijos y migrante paraguaya. Vivió situaciones de vulnerabilidad extrema desde la infancia, incluyendo pobreza, abuso y falta de acceso a la educación. A pesar de su condición de analfabetismo y su escaso dominio del idioma español al llegar al país, logró salir de una relación anterior violenta con ayuda judicial. El caso expone una historia atravesada por múltiples formas de violencia estructural, y diversas organizaciones reclaman que el proceso judicial contemple una perspectiva de género y derechos humanos.