Desocupación en alza, ingresos por el piso y un mercado laboral cada vez más precarizado. Mientras crece la informalidad, el gobierno avanza con una reforma que pone en riesgo derechos básicos.

La desocupación en Argentina alcanzó el 7,9%, el índice más alto desde 2021, según datos oficiales. La caída del empleo formal empuja a miles de trabajadores hacia aplicaciones de reparto y plataformas digitales, donde la oferta supera ampliamente la demanda. Esto no solo refleja la falta de empleo genuino, sino también el colapso de oportunidades dignas.

Al mismo tiempo, los ingresos reales de los trabajadores continúan en picada: hoy están un 15% por debajo del nivel registrado en 2017. A este panorama se le suma un mercado saturado, con trabajadores que buscan alternativas en la informalidad, incentivados por marcos como la Ley Bases, que promueve figuras como el “colaborador” o el monotributo en reemplazo del empleo registrado.

El gobierno, lejos de revertir esta situación, plantea profundizarla. Busca avanzar con una reforma laboral tras las elecciones que implicaría una flexibilización de las condiciones de contratación: esto incluye la eliminación de indemnizaciones, mayor facilidad para despedir, y la promoción de vínculos laborales más débiles, sin estabilidad ni protección sindical. Un modelo que prioriza la reducción de costos empresariales por sobre los derechos de quienes trabajan.