El gobierno de Javier Milei exhibe como un logro el despido de 50.000 empleados públicos, bajo el argumento de reducir el gasto y los impuestos. Sin embargo, el costo social es enorme: en el último año se sumaron 224.000 empleos informales y se perdieron 79.000 trabajos formales, lo que significa menos derechos, menos estabilidad y más precarización.

Actualmente, el 42 % de los trabajadores carece de cobertura sanitaria, una cifra que refleja el deterioro de las condiciones laborales y el retroceso en materia de salud y seguridad social. Detrás de estos números hay familias enteras que pierden su sustento y quedan expuestas a la incertidumbre.

El escenario laboral en Argentina se vuelve cada vez más preocupante, con un aumento constante del empleo informal que limita el acceso a beneficios básicos y la protección social. La precarización no solo afecta la calidad de vida de los trabajadores, sino que también impacta en la economía general, al reducir el poder adquisitivo y aumentar la vulnerabilidad social.

Sectores como la construcción, el comercio y los servicios son los más afectados, registrando un crecimiento en contratos temporales, jornadas parciales y salarios bajos. Sindicatos y organizaciones sociales alertan sobre la falta de políticas públicas efectivas para frenar esta tendencia y reclaman una mayor inversión en la generación de empleo digno y estable.

Expertos en economía laboral advierten que la eliminación masiva de puestos en el sector público sin medidas compensatorias puede agravar la crisis, profundizando la desigualdad y aumentando la pobreza. En este contexto, la demanda social por empleo de calidad y acceso a derechos laborales se torna cada vez más urgente y necesaria.