El gobierno argentino defiende que los despidos de 50.000 empleados públicos permitieron reducir el gasto y los impuestos. Aunque se sumaron 224.000 puestos informales y se perdieron 79.000 formales. El 42 % de los trabajos carecen de cobertura sanitaria.

La crisis laboral en Argentina se profundiza en medio de medidas que generan fuertes divisiones. El gobierno sostiene que el despido de 50.000 empleados públicos fue necesario para achicar el gasto y aliviar la carga impositiva. Sin embargo, el impacto en el empleo formal y en la estabilidad de miles de familias ha encendido las alarmas en distintos sectores.

En paralelo, las cifras oficiales muestran un crecimiento de la informalidad: se sumaron 224.000 empleos sin registrar, mientras que se perdieron 79.000 puestos formales. Esta dinámica preocupa a economistas y sindicatos, que advierten que la precarización del trabajo limita el acceso a derechos básicos y reduce la recaudación del Estado.

La situación se agrava con un dato contundente: el 42 % de los trabajadores carecen de cobertura sanitaria. Este indicador revela no solo la fragilidad del mercado laboral, sino también la creciente desigualdad en el acceso a la salud. Para muchos, el país atraviesa una verdadera “terapia intensiva” en materia de empleo y bienestar social.