La captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos provocó una reacción inmediata y dividida en América Latina. Gobiernos alineados con Washington, como el de Javier Milei, evitaron condenar la operación y cuestionaron la legitimidad del régimen venezolano, mientras que otros países directamente la celebraron como el cierre de un ciclo político. En contraste, un bloque de naciones denunció la acción como una violación grave del derecho internacional.

Entre las condenas más firmes se ubicaron Luiz Inácio Lula da Silva, Gustavo Petro, Gabriel Boric y Claudia Sheinbaum, quienes reclamaron respeto por la soberanía venezolana y advirtieron sobre el precedente que implica una captura extraterritorial de un jefe de Estado. España y Uruguay se sumaron a ese posicionamiento crítico, subrayando que ninguna crisis política habilita una intervención militar unilateral.

El trasfondo de la disputa es tanto ideológico como estratégico. Para los gobiernos que respaldan o toleran la acción estadounidense, pesan factores como la crisis migratoria, el crimen transnacional y el colapso institucional venezolano. Para quienes la rechazan, el riesgo es mayor: que la región vuelva a aceptar intervenciones externas como herramienta de cambio político. Así, lo que comenzó como una operación puntual terminó convirtiéndose en un test político para América Latina, que vuelve a discutir sus límites frente al poder de Estados Unidos.