El juez federal Sebastián Casanello procesó al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, acusado de liderar una asociación ilícita vinculada al cobro de coimas en la compra de medicamentos. Los cargos incluyen negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación agravada y cohecho pasivo.

La resolución judicial alcanza también a otros 18 imputados, entre ellos el exfuncionario Diego Garbellini, el empresario Miguel Ángel Calvete y su hija. La investigación sigue abierta y no se descarta que se sumen nuevos nombres en las próximas indagatorias.

La causa se originó en agosto, a partir de la viralización de audios en los que una voz atribuida a Spagnuolo describe un sistema de retornos del 8% sobre compras de medicamentos. Según la investigación, ese mecanismo habría sido coordinado con actores políticos y empresas del sector farmacéutico.

En ese esquema aparece mencionado Eduardo “Lule” Menem, hombre de extrema confianza de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la droguería Suizo Argentina. La Justicia intenta determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados y el alcance real del entramado.

El avance de la causa complica al Gobierno en un área especialmente sensible, como la política de discapacidad, y vuelve a poner el foco en los controles sobre las compras del Estado en un contexto de ajuste y fuerte discurso anticorrupción.