Uno de los ejes más controvertidos de la reforma laboral es el rediseño del sistema indemnizatorio. El Gobierno propone modificar la base de cálculo para excluir conceptos como el aguinaldo y las vacaciones, lo que implicaría una reducción en los montos a percibir ante un despido.

En paralelo, se impulsa la creación de un fondo de cese laboral del 3% del salario, similar al modelo vigente en la industria de la construcción. El objetivo oficial es dar previsibilidad a empleadores y empleados, reducir litigiosidad y facilitar la contratación formal.

El proyecto también contempla incentivos para empresas que registren trabajadores no declarados, en línea con la intención de bajar la informalidad laboral. Desde el Ejecutivo argumentan que el nuevo esquema busca promover la creación de empleo genuino en un contexto de bajo crecimiento.

Sin embargo, sectores sindicales y parte de la oposición advierten que la propuesta implica una pérdida de derechos adquiridos y podría precarizar las condiciones laborales, abriendo un debate profundo sobre el equilibrio entre competitividad y protección social.