El Congreso de Brasil aprobó por amplia mayoría una reforma impulsada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva que exime del impuesto a la renta a los trabajadores que ganen hasta 2,8 salarios mínimos mensuales, equivalente a unos R$ 3.800 (alrededor de 650 dólares). La medida fue celebrada por el oficialismo como un paso concreto hacia una mayor justicia social y un alivio directo para los sectores populares, en un contexto de recuperación económica y redistribución del ingreso.

La nueva ley, que entrará en vigencia en 2026, fue votada tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, con apoyo transversal de varios partidos. Según la Receita Federal, la exención beneficiará a más de 15 millones de contribuyentes, que dejarán de pagar el tributo sobre la renta personal. La pérdida de recaudación será compensada con impuestos a las grandes fortunas, dividendos empresariales y operaciones financieras, como parte de un esquema progresivo que busca equilibrar las cuentas públicas sin cargar el ajuste sobre los sectores medios y bajos.

El gobierno de Lula presentó la reforma como un acto de coherencia con su promesa de “poner a los pobres en el presupuesto y a los ricos en el impuesto”. En su discurso, el presidente subrayó que “quien gana poco no debe pagar por el país, porque el país debe pagar su deuda con los que más lo necesitan”. La iniciativa fue impulsada por el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, que enfrenta el desafío de consolidar el superávit primario sin frenar el consumo interno, motor del crecimiento brasileño durante los últimos trimestres.

Desde la oposición, algunos legisladores del Partido Liberal (PL) y de União Brasil advirtieron sobre el riesgo de desequilibrio fiscal y reclamaron que el Ejecutivo precise cómo compensará la caída de recaudación en los estados y municipios. Sin embargo, los analistas remarcan que el gobierno cuenta con una base social sólida y con un programa de incentivos productivos que podría absorber el impacto fiscal en el mediano plazo.

El plan forma parte de una agenda económica más amplia que incluye el fortalecimiento del salario mínimo, el relanzamiento del programa “Bolsa Família” y el impulso de créditos blandos para pymes. En conjunto, estas medidas buscan reactivar el mercado interno y reducir la desigualdad después de varios años de estancamiento.

Con esta ley, Brasil se convierte en uno de los pocos países de la región que aplica una exención plena del impuesto a la renta para los trabajadores de ingresos bajos y medios-bajos, un gesto político de alto impacto simbólico que refuerza la identidad distributiva del gobierno de Lula y marca un contraste con las políticas de ajuste y desregulación que atraviesan otros países sudamericanos.