Un fallo judicial dejó sin efecto el decreto que había suspendido la Ley de Emergencia en Discapacidad y ordenó su inmediata aplicación. La resolución responde a presentaciones realizadas por organizaciones y sectores afectados.

La ley busca garantizar cobertura y continuidad de servicios esenciales para personas con discapacidad, que habían quedado en riesgo tras la decisión del Ejecutivo. La Justicia consideró que la suspensión carecía de sustento legal.

El fallo vuelve a poner en discusión el alcance de los decretos presidenciales en el marco del ajuste fiscal. Para los jueces, la protección de derechos sociales no puede ser interrumpida por vía administrativa.

Mientras las organizaciones celebran la medida, el Gobierno enfrenta un nuevo frente judicial en medio de un clima político y social tenso.