La Justicia dispuso suspender provisoriamente la implementación de la ley de financiamiento universitario, en medio de una fuerte disputa política. La decisión se da tras planteos judiciales impulsados por el Gobierno. El conflicto se traslada ahora a los tribunales superiores.

El Ejecutivo cuestiona la norma por considerar que no define claramente las fuentes de financiamiento. Desde el oficialismo sostienen que su aplicación afectaría el equilibrio fiscal. En ese marco, avanzaron con recursos para frenar su implementación.

Mientras tanto, el sector universitario sigue reclamando por la falta de presupuesto y la caída salarial. La disputa judicial mantiene en suspenso la aplicación plena de la ley. El desenlace dependerá de lo que resuelvan las instancias superiores.