El Gobierno aplicó un recorte superior a los $78.000 millones en el área educativa. La medida impacta directamente en el financiamiento de universidades públicas. Además, se paralizaron obras de infraestructura en distintas instituciones del país.

Desde el sector educativo advirtieron sobre las consecuencias de esta decisión. Señalaron que afecta el funcionamiento y desarrollo de las universidades. También alertaron sobre el deterioro de proyectos en curso.

El Ejecutivo justificó el ajuste en el marco de una política de reducción del gasto. Aseguró que busca ordenar las cuentas públicas. Sin embargo, la medida generó fuertes críticas en el ámbito académico.