El Ejecutivo avanzó con la disolución del Instituto Nacional de Alimentos, modificando la estructura del sistema de control en el país. La decisión implica redistribuir funciones entre distintos organismos estatales. Forma parte de una política de reorganización administrativa.

Las tareas de regulación, fiscalización y actualización normativa pasarán a depender de entidades como la ANMAT y el SENASA. Estas instituciones tienen experiencia en el control sanitario y productivo de alimentos. El Gobierno sostiene que esto permitirá una gestión más eficiente.

La medida se inscribe en un proceso más amplio de reformas del Estado orientadas a reducir estructuras. Desde el oficialismo aseguran que no se verá afectada la seguridad alimentaria. Sin embargo, distintos sectores advierten sobre la necesidad de mantener controles sólidos y mecanismos de supervisión adecuados.