La Corte Suprema revocó la decisión judicial que había frenado la derogación de la Ley de Tierras Rurales dispuesta por el Gobierno mediante el DNU 70/2023.

La causa había sido iniciada por el CECIM, que cuestionó la derogación de la ley y obtuvo inicialmente una resolución favorable de la Cámara Federal de La Plata. Sin embargo, la Corte entendió que la organización no tenía legitimación suficiente para promover una acción colectiva en materia de soberanía territorial.

El fallo de la Corte no analiza si el artículo 154 del DNU es constitucional o no. Los magistrados limitaron su decisión a señalar que no existían las condiciones necesarias para que el planteo pudiera ser resuelto judicialmente en esa causa.