El juez federal Martín Cormick dispuso una multa diaria de 100.000 pesos por el incumplimiento de una medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a avanzar con la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución se conoció antes de una nueva jornada de movilización en defensa de la universidad pública. La sanción fue dirigida inicialmente al funcionario responsable de la Jefatura de Gabinete.

La decisión se enmarca en una causa en la que el magistrado declaró inconstitucional una disposición del decreto 759/2025 que condicionaba la aplicación de la ley. Aunque el Estado presentó una apelación, la cautelar continúa vigente. El planteo judicial incluye la actualización de salarios docentes y nodocentes y la garantía de fondos para becas.

La ley también prevé mecanismos de actualización presupuestaria y recursos destinados a investigación. La multa podrá aumentar o alcanzar a otros funcionarios si continúa el incumplimiento de la orden. El caso sigue su curso judicial en medio del reclamo de universidades, sindicatos y estudiantes por la aplicación efectiva de la norma.